La polémica surge a raíz de la decisión de la Junta de Andalucía de sancionar a los propietarios de viviendas inhabitadas de la región. Esta medida afectará a las entidades jurídicas (bancos e inmobiliarias) con stock de viviendas. Las estimaciones de viviendas vacías en Andalucía oscilan entre las 700.000 y el millón, y esto contando sólo las primeras viviendas . En el futuro, es posible que la medida se extienda también a propietarios particulares.
La medida ha sido respaldada principalmente por la coalición que forma en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la coalición PSOE-IU. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), sancionará solamente a las entidades financieras e inmobiliarias con stock de viviendas, el grupo IU estaba más interesado en sancionar también a los particulares, pero el PSOE estipuló en 5 el número de viviendas que un particular debía poseer para poder ser sancionado. Finalmente, IU ha cedido y no se gravará a los particulares, aunque sí se les facilitarán incentivos para fomentar el alquiler de estas viviendas.
¿Por qué esta medida?
Actualmente hay multitud de personas y familias que están siendo desahuciados, familias que ya no pueden seguir pagando su hipoteca o su renta de alquiler y se encuentran sin residencia.
Paralelamente, el número de viviendas vacías está aumentando en gran medida, los propietarios que quieren alquilar o vender su vivienda no encuentran clientes que estén dispuestos a pagar las sumas pedidas.
Estas dos situaciones parecen incompatibles y todo apunta a que mejoraría si los propietarios bajaran el precio de la vivienda. Sin embargo estos afirman que venderla o alquilarla a precio más bajo no les saldría rentable. Con esta medida, se pretende forzar a los propietarios de capital inmobiliario a facilitar el acceso a estas viviendas a los posibles arrendatarios o incluso compradores.
Ahora bien, ¿es esta medida justa?. De momento sólo se aplicará a bancos e inmobiliarias. Este hecho hace a muchas personas situarse a favor de las sanciones ya que hace pensar que solamente beneficiará a los particulares y que como estas instituciones una gran cantidad de viviendas, las sanciones no les perjudicarán demasiado.
Es normal pensar de esta manera ya que el ciudadano de a pie es el gran perjudicado de la situación actual, sin embargo, cuando una persona (ya sea física o jurídica) posee un bien, sea el que sea, la decisión de ponerlo a disposición de terceros, ya sea alquilándolo o poniéndolo en venta, corresponde exclusivamente a él.
Sin embargo y por el contrario, el gobierno es el encargado de regular los problemas que surjan en la población y actualmente, el problema de los desahucios y de las familias que no pueden permitirse una vivienda, afecta a un gran número de ciudadanos, por lo que es muy razonable pensar que es necesario tomar algún tipo de medida.
La Junta de Andalucía no es la única que ha tomado medidas respecto a las viviendas desocupadas, el Ayuntamiento de Vitoria por ejemplo, aplica una tasa de basuras a viviendas vacías que asciende a 260 euros anuales
